por Manuel Antonio Vazquez Valadez
El día 6 de octubre tuve oportunidad de estar en las últimas funciones y la clausura del 7º Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos de México (DHFEST). Un evento cuya realización implica un importante foro para la expresión artística y el realce de la importancia de la tan anhelada búsqueda del goce de los Derechos Humanos.
Mis acompañantes y yo tuvimos a bien entrar a ver Salaverna, un largometraje que competía en la categoría mexicana en este festival, dirigida por Edin Alain Martínez Aguirre, con quién hemos podido platicar después de la función y quién una hora más tarde resultaría ganador de la categoría antes mencionada en el DHFEST.
El documental aborda el problema que el pueblo de Salaverna, Zacatecas, sostiene con la minera Tayahua, propiedad de Carlos Slim. Este pueblo ha sido sistemáticamente desalojado durante cuatro años con el fin de iniciar un proyecto minero a tajo abierto. Salaverna, con aproximadamente 100 años de existencia, tenía una población de 150 familias, de las cuáles para la fecha de la filmación sólo 35 familias estaban en resistencia para no ser desalojados de sus casas. Mediante amenazas, extorciones, falsas promesas, marañas legales, impunidad administrativa y burocrática, la compañía minera avanza con el proyecto de explotación del subsuelo en Zacatecas.
Edin Alain comentó que al día de hoy, de esas 35 familias filmadas, hoy en día sólo quedan 12 firmemente arraigadas a su lucha. Las demás han cedido a abandonar sus casas para ir a vivir a Nueva Salaverna, un conjunto habitacional propiedad de la empresa minera en cuestión dónde habitan en comodato y cuyo aspecto recuerda a un gueto, por su enrejado perimetral. Los otrora habitantes de Salaverna no recibieron compensación por sus propiedades pues fue “voluntariamente” que ellos decidieron reubicarse.
La empresa minera realiza excavaciones de túneles alrededor y debajo del pueblo, creando una zona de riesgo de las que la empresa no es legalmente responsable. Les ofrecen casas que no son de su propiedad, trabajos en la misma industria que los despoja y edificios públicos que suplen a los clausurados por la iglesia y la SEP en el pueblo original: escuela y templo.
La problemática minera en nuestro país es mucho más grande que los sucesos en Salaverna, aunque esto no implica que lo ocurrido en este pueblo desmerezca en importancia. El último sexenio presidencial concedió más de 100 permisos de explotación antes de terminar su administración.
La intención en el norte de la república es crear un corredor minero que distintas zonas entre estados como Zacatecas y San Luis Potosí, entidades en las que hoy en día se sostienen complicadas luchas entre ciudadanos y empresas mineras por cuestiones de salud, indemnización, daños ambientales, daños culturales, coalición con el crimen organizado y amenaza económica a la subsistencia de los habitantes de la zona, quiénes aún viven de actividades agropecuarias.
En los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Jalisco, Durango, Morelos, Veracruz y los dos estados antes mencionados de Zacatecas y San Luis Potosí, son entidades dónde existen conflictos sociales a partir de la presencia de las mineras en sus zonas.
En palabras de Edin Alain, el largometraje no pretendía, de ninguna manera, salvar el pueblo de Salaverna, sino dar una voz fuerte a sus habitantes, una voz que no tenían, que les fue negada hace años por un sistema diseñado para omitir la resonancia de estos acontecimientos. El director se siente complacido de lograr que esta historia se sepa, que en Zacatecas, el futuro pueblo fantasma de Salaverna no haya desaparecido en el anonimato y de haber movido algunas fibras sensibles; no de las empresas, ni de los gobernantes, si no de la población, de los estudiantes, obreros y campesinos que han podido ver el documental. Es a la reacción de las instituciones, gobernantes, pero más aún, de la población y del espectador de este tipo de materiales, a quien corresponde determinar las consecuencias y el sentido que toman los acontecimientos en las problemáticas sociales que se plantean en este tipo de filmes.
Los trabajos documentales, largometrajes, cortometrajes y demás obras artísticas que tienen la intención de exponer una realidad, reflexionar una problemática, exhibir un acontecimiento, ya sea denunciando fielmente los hechos o ejemplificando mediante la ficción, es una labor sumamente importante y que poco se conocen, incluso hoy en día, debido al acaparamiento del espectáculo cinematográfico. Estos trabajos lo hacen en contra de una maquinaria de entretenimiento que únicamente tienen como fin las ventas, no la información, en medio de un país de carencias propias en vías de subdesarrollo y con las trabas de un sistema corrupto, aturdido por el crimen organizado y con una población poco o mediamente organizada.
Sin duda toda expresión artística tiene un profundo sentido ideológico, en cada acción encaminada a transmitir se expresa una postura sobre algo. Las consecuencias de nuestros actos pueden ser pequeñas o grandes, pero existen en el sentido en que deseemos orientarlas. La comunicación en su sentido más básico implica la interacción de un emisor y un receptor a través de un medio con un mensaje. La intención del emisor puede ser muy clara pero depende del receptor la utilidad de ella.
Esfuerzos como lo son el DHFEST, DOCSDF, FICUNAM, AMBULANTE, entre otros festivales de cine, tienen una profunda intención de incidencia en la población, en su ideología y su toma de decisiones. Como espectadores, acudir a la recepción de los mensajes, buscarlos, reproducirlos, multiplicarlos, criticarlos, nutrirlos, constituye un quehacer en el cual reivindicamos nuestra prerrogativa, intención, interés y creencia que un día podremos gozar en plenitud nuestros Derechos Humanos.
07.10.14